VIOLADORES Y ASESINOS DE NIÑOS, ¿CADENA PERPETUA?

¿Cuál creería usted que debería ser la pena para Rafael Uribe Noguera?
Autor: 
Zulma Rodríguez

 

El 11 de enero se realizará en Colombia uno de los juicios más esperados en el país, el del Arquitecto Rafael Uribe Noguera, quien se presentará finalmente ante un juez para allanarse a los cargos de rapto, abuso y homicidio de la pequeña Yuliana Samboní de tan solo 7 años. Un juicio que ha generado toda una ola de escándalo y expectativa, no solo por la crueldad y sevicia de los hechos que envolvieron el crimen, sino por el estrato social de confeso asesino y por las posibles vinculaciones de la familia en el caso. A diferencia de cientos de abusos y homicidios cometidos contra menores en el país, de los que escasamente se tiene noticia o se pierden tristemente en las estadísticas, en el caso de la pequeña Yuliana, muy seguramente por la increíble exposición mediática que ha tenido, la fiscalía ha conseguido una celeridad en el esclarecimiento de los hechos que permitió que, a pocas horas de haberse perpetrado el secuestro de la menor, dieran con el responsable de este atroz crimen que hoy tiene asqueada a la sociedad, la cual espera que se le imponga el mayor castigo posible. 

 

 

Lo que pocos saben es que el día antes de este juicio y frente a la Registraduría General de la Nación, un grupo de personas liderado por Johana Salamanca, hija de la fallecida congresista Gilma Jiménez (QEPD), realizará el lanzamiento oficial de la recolección de firmas tal vez más esperada por un sector de la sociedad que se ha sentido indignado por los últimos acontecimientos de violencia infantil que se han presentado en el país. El 10 de enero se unirán a ella artistas, deportistas, la sociedad civil y las familias de algunos de los menores que han sido brutalmente asesinados en los últimos años para impulsar esta iniciativa cuya finalidad es aprobar la ley de referendo, para que sea el pueblo Colombiano en las urnas, el que decida si quiere que se modifique la Constitución Política y se apruebe hasta con cadena perpetua el castigo para los delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, lesiones personales agravadas y secuestro cometido contra menores de 14 años y contra menores de edad con algún tipo de discapacidad física o mental.

 

 

Pero esta idea de la ley de referendo, que podría creerse fue articulada por los recientes hechos, no es nueva, es un trabajo que gestó Gilma Jiménez (QEPD) durante los últimos años de su vida, tratando de lograr justicia en los casos de los menores y familias víctimas de asesinos como Luis Alfredo Garavito.

 

 

El primer intento por conseguir aumentar las penas para este tipo de crímenes comenzó en el año en que Gilma Jiménez se enteró, gracias a un informe periodístico, que alias la “bestia” como es llamado Garavito, podría tener una rebaja en su pena por una serie de beneficios, como haber colaborado con la justicia y haber trabajado y estudiado durante su reclusión, con los cuales podría conseguir la libertad muy pronto a pesar de haber sido condenado a una pena de 40 años por la tortura, violación y muerte de 147 niños. En ese entonces la Concejal Jiménez, apoyada por el representante David Luna, presentó al Congreso un acto legislativo para lograr modificar la Constitución; pero la respuesta fue casi una grosería, ni siquiera la leyeron en la moción del día. A pesar de esta derrota, Gilma siguió su lucha por los niños e intentó nuevamente presentar el acto legislativo en el 2007 pero, como si el Congreso le quisiera dar una bofetada en la otra mejilla, dicho acto tuvo la misma suerte del primero, no fue considerado en el orden del día.

 

 

A pesar de este fracaso, Gilma entendió que la única manera de lograr penas como la cadena perpetua era llevar su propuesta a votación popular. Fue así como en el 2009 logra articular por primera vez la ley del referendo que increíblemente no tuvo contratiempos en las votaciones de Senado y Cámara, pero que en última instancia la Corte Constitucional la declaró inconstitucional. Nuevamente otro revés frenaba la lucha de Gilma. En el 2010 sorpresivamente y con una votación mayoritaria, Gilma es elegida Senadora y esto le da más fuerza para volver a proponer la ley de referendo y lograr aumentar las penas para bestias como Garavito. Articulando mejor la propuesta, la ley vuelve a votación y aprobación por el Senado, pero cuando se iniciaba la última fase en la Cámara de Representantes una estocada final llegaba con el comentario de la entonces Fiscal General de la Nación Vivian Morales quien afirmaba que “Incluso los delincuentes más peligrosos, o los autores de los delitos más graves, tienen una dignidad como seres humanos que no puede ser desconocida o menoscabada por el Estado”. …“la reforma que pretende introducirse para abrir la posibilidad de imponer la cadena perpetua a los autores de ciertas conductas punibles conlleva una sustitución, al menos parcial, de la Constitución de 1991”.Así nuevamente quedaba enterrada esta propuesta curiosamente por la ex fiscal que hoy como senadora promueve un referendo “en defensa de los niños” que les negaría la posibilidad de ser adoptados por padres o madres solteros o parejas del mismo sexo. Lo curioso en la interpretación de la Constitución, con la que la Senadora Vivian Morales defiende los derechos de los asesinos de los violadores y asesinos de los niños, es que para muchos según esta, los derechos de estos criminales primarían sobre los derechos de los niños que son también declarados en el artículo 44 donde se afirma que los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás.

 

 

A esto hay que sumarle que los científicos y expertos coinciden en afirmar que los sicópatas que son violadores y asesinos de niños son criminales con una taza de reincidencia superior al 90%, en otras palabras, de quedar libres asesinarán y violarán otra vez. La pregunta sería entonces: ¿Sería el estado el culpable de la muerte, violación y tortura de un menor de edad que sea víctima de un delincuente peligroso a quien no se le aplicó la pena máxima por respeto a sus derechos y pudo salir en libertad para volver a cometer un crimen?

 

 

Finalmente, Gilma Jiménez murió unos meses después de radicar una demanda ante la Corte Interamericana solicitando el derecho que tenían los colombianos de decidir en las urnas la clase de castigos que debían recibir asesinos como Garavito o el confeso Rafael Uribe Noguera. Hoy la lucha de Gilma sigue viva a través de sus hijas Viviana y Johana Salamanca quienes este 10 de enero serán las abanderadas de este nuevo intento por lograr aumentar hasta con cadena perpetua las penas sobre los criminales que atenten, agredan y maten a los más inocentes de la sociedad.

 

Zulma Rodríguez